La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular ha entrado en vigor en el Estado español. Entre las diferentes medidas que implementa está la obligación de que los establecimientos de hostelería y restauración tendrán que ofrecer «siempre» a los consumidores la posibilidad de beber agua del grifo de manera gratuita, con el objetivo de reducir el número de botellas de un solo uso.  

En Nafarroa, ya estaba en vigor desde 2020 una ley que establecía el derecho a recibir agua del grifo en los establecimientos de hostelería.

Por otro lado, desde el 1 de enero de 2023 los comercios minoristas de alimentación con una superficie de 400 metros cuadrados o más tendrán que dedicar al menos un 20% de su área a productos sin embalaje primario, con venta a granel o a través de envases reutilizables. Además, deberán aceptar envases reutilizables (bolsas, ‘tuppers’ o botellas) de cuyo buen estado de higiene deberá responsabilizarse el usuario y en caso de no estarlo, el comerciante podrá rechazarlo.

Recogida separada

La nueva Ley incluye la obligación de las entidades locales de establecer la recogida separada de «al menos», papel, metales, plástico y vidrio; los biorresiduos (orgánica) antes del 30 de junio de este año en municipios de más de 5.000 habitantes y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto; los residuos textiles, el aceite de cocina usado y los residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024, igual que en el caso de los residuos de muebles y enseres.

En total, en el año 2035, el porcentaje de residuos municipales recogidos de manera separada debe ser de «como mínimo» el 50% en el peso total de todos los que se generen.

Retirada del amianto

Otra de las novedades que introduce esta ley es el avance en la retirada de amianto. En concreto, en un año, es decir, antes del 10 de abril de 2023 los ayuntamientos tendrán que elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y un calendario que planifique su retirada, con una fecha no posterior a 2028 en el caso de los emplazamientos públicos de mayor riesgo afectados.

Dos nuevos impuestos

La nueva normativa incluye dos impuestos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023: el de producción de plásticos de un solo uso y el de depósito de residuos en vertedero.

El impuesto especial sobre plásticos será de naturaleza indirecta para todos los envases que sirvan para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías –hay algunas excepciones, como medicamentos o productos sanitarios–, como pueden ser los vasos de plástico o los rollos de plástico para embalar y evitar roturas en el transporte de productos.

El segundo de los impuestos afectará al depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración. Se trata de desincentivar esta práctica para contribuir a la reintroducción de los materiales otra vez en la economía, como por ejemplo a través del reciclaje.

Prohibido destruir

La nueva norma prohíbe asimismo la destrucción o eliminación en depósito en vertedero de los excedentes que no se vendan de productos no perecederoscomo textil, juguetes o aparatos eléctricos, que primero se destinarán a los canales de reutilización, incluida la donación, o bien a la preparación para su reutilización.

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