Los datos siempre aportan luz. Los productos –sobre todo los electrónicos– que desechamos y que podrían repararse generan anualmente en la Unión Europea más de 35 millones de toneladas de residuos. Y provocan pérdidas para los consumidores que optan por sustituir en lugar de por reparar que alcanzan los 12.000 millones de euros al año, según información de la Comisión Europea. 

Otro dato: de los 599 dispositivos eléctricos llevados a un centro de reciclaje de Londres en marzo de 2023, más del 36% podían haberse reutilizado de forma inmediata, y casi otro 10% solo requería una reparación menor, según datos analizados por la organización The Restart Project. Para intentar frenar la cultura del “comprar, usar y tirar”, el Parlamento Europeo aprobó en abril de 2024 la conocida como Directiva sobre el Derecho a Reparar que, en países como España, se adaptará a las leyes nacionales antes del 31 de julio de 2026.

Qué obliga la directiva europea del derecho a reparar a los fabricantes

El origen de esta directiva se encuentra en dos grandes preocupaciones: la protección del consumidor y la economía circular. Entre sus argumentos, la Comisión Europea explica que la norma busca fomentar el consumo sostenible, alargar la vida útil de los bienes y reducir residuos y las emisiones asociadas a la fabricación de productos nuevos.

“La Directiva europea sobre el Derecho a Reparar quiere que reparar sea más fácil, más barato y más atractivo que sustituir. Su idea central es muy simple: si un producto puede repararse, el consumidor debe poder hacerlo en condiciones razonables, con información clara, piezas y herramientas disponibles, y sin trabas artificiales creadas por el fabricante”, asegura Pascual Martínez Espín, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Centro de Estudios de Consumo.

Para este experto, “no es un derecho nuevo en sentido absoluto”, es la consolidación jurídica de una reivindicación social y regulatoria que llevaba años creciendo, “la lucha contra la obsolescencia prematura, la mejora de la reparabilidad y el acceso a piezas, información técnica y software de diagnóstico”, comenta Martínez Espín.

La Directiva 2024/1799 de la UE establece que:

• Los fabricantes tienen que ofrecer la posibilidad de arreglar sus productos si se rompen, y estas reparaciones tienen que ser accesibles y asequibles.
• Las reparaciones deben hacerse en un plazo razonable y con un precio justo. Si no es posible, el consumidor puede reclamar un producto reacondicionado.
• Los fabricantes y talleres de reparación deben informar de forma clara sobre servicios, plazos y precios.
• Los consumidores pueden elegir dónde reparar sus dispositivos y no tienen por qué aceptar que sea el fabricante quien lo haga.
• Los fabricantes no pondrán trabas técnicas ni restricciones para evitar que los bienes sean reparados (por ejemplo, bloqueo de software o piezas que no se venden).
• Los países de la UE realizarán campañas de concienciación e incentivos para que más productos sean reparados.
• Se creará una plataforma ‘online’ para que los consumidores puedan acceder fácilmente a talleres de reparación y productos reacondicionados.

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